En una carta al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano Ramírez, el Director General de la CAR le solicita expedir una disposición que limite o restrinja la posibilidad de realizar modificaciones o ajustes a estos POT municipales justo durante este año electoral.

Como se recordará en el pasado estas repentinas modificaciones a los POT sirvieron para que en los municipios se cambiara el uso del suelo, práctica utilizada para beneficiar a algunos interesados en adelantar obras y construcciones prohibidas por la ley.

La preocupación de Bejarano Méndez tiene como base la contradicción jurídica existente entre dos normas: Ley 388 de 1997, o de Ordenamiento Territorial y el Decreto Reglamentario 4002 de 2004, "aspecto que conlleva a que en muchos casos no exista claridad ni coherencia en las diferentes acciones que les corresponde adelantar a estos entes territoriales, con la consecuente inseguridad y afectación al medio ambiente y a los recursos naturales renovables, generando también desgaste administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales que de manera permanente deben estar revisando y concertando las diferentes modificaciones y ajustes a los POT", señaló.

Para el jefe de la autoridad ambiental del centro del país el Decreto reglamentario en su artículo 6 establece que la modificación excepcional de algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del POT, que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes General y urbano del POT, podrá emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del Alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten los motivos que dan lugar a su modificación.

Así las cosas -continua la carta al Ministro- el Decreto reglamentario pareciera exceder el alcance de la ley, abriendo de esta manera una compuerta a posibles modificaciones de los POT por parte de los municipios y distritos, aspecto que tenía unos límites claros en la ley. Por esta razón el Director General de la CAR solicita un exhaustivo análisis y revisión al Decreto 4002 de 2004.