Bogotá D.C., Abril de 2005

GRITO VEHEMENTE EN LATINOAMÉRICA.

En 1996 la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de sus estados miembros, hizo entrar en vigencia la “Convención Interamericana Contra la Corrupción” (CICC). Un quinquenio después se realizó la Tercera Cumbre de las Américas y Corrupción. En la misma fue establecido que: “La corrupción afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país”.

Ha sido un paso cualitativo el hecho de que tan nefasto flagelo sea tratado a nivel internacional, en este caso, en nuestro hemisferio. Esto debido a que lamentablemente, América Latina es una de las regiones en el mundo en donde mayormente se presenta esta devastadora práctica. Asimismo, porque los niveles de pobreza prevalecientes se unen peligrosamente a la insatisfacción creciente en contra de las instituciones democráticas que casi siempre, parecen evidenciar su fragilidad para combatir tan nocivo fenómeo. Afortunadamente se han producido hechos ejemplares que empiezan a conquistar la credibilidad social en nuestras instituciones.

Costa Rica no permitió que su imagen internacional se desprestigiara y que los organismos del Estado dejasen pasar indiferentemente graves hechos de corrupción ejecutados por ex funcionarios de alto nivel. El aparato de justicia de esa república centroamericana se encargó de activar acciones inmediatas en contra de tres ex presidentes acusados de corrupción: Miguel Ángel Rodríguez, José Figueres y Rafael Ángel Calderón. El caso del primero es categórico porque generó una histórica lección para todo el continente. No importó que Rodriguez fungiese entonces como Secretario General de la OEA, se le obligó a renunciar, se le condujo a su país y se inició un proceso legal en su contra. Con ese hecho Costa Rica se convirtió en el paradigma latinoamericano en contra de la corrupción.

Por el contrario, otros ex presidentes latinoamericanos se han logrado burlar hasta el momento de las instituciones públicas de sus países, ignorando las denuncias fundamentadas en su contra. Basta citar algunos casos: Alfonso Portillo (Guatemala), Alberto Fujimori (Peru), Hipólito Mejilla (República Dominicana), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia), Arnoldo Alemán (Nicaragua), Carlos Menen (Argentina) y Mireya Moscoso (Panamá).

Surgen en el ambiente diversas interrogantes: ¿Porqué estos individuos pregonaron a los cuatro vientos cuando eran candidatos presidenciales, su compromiso para combatir la corrupción en sus países, para luego traicionar al electorado y convertirse en los principales promotores de la misma? ¿Porqué lejos de combatirla la practicaron sin recato alguno, lastimando aun más las frágiles esperanzas populares? ¿Son los sistemas políticos y administrativos los que corrompen a los funcionarios o por el contrario, la corrupción era el objetivo que les motivó para participar en política? ¿En dónde se ubica el capital privado que aprovechando las circunstancias favorece e incrementa muchas veces las prácticas desleales en nuestros países?

El último informe de Transparencia Internacional ubica a Latinoamérica como una de las regiones más contaminadas por la corrupción a nivel internacional. Ecuador -a criterio de la citada institución- posee el sistema político y económico más corrupto del mundo. Si se considera que la pobreza, la marginación e incluso la exclusión exigen soluciones inmediatas e impostergables, se profundiza la preocupación mientras la región no esté inmunizada a esta deleznable práctica. Mientras tenebrosos capitales sigan operando sin restricciones en contra de las reglas legales formalmente establecidas en las legislaciones nacionales, la esperanza de un cambio verdadero tiende a diluirse en perjuicio de la estabilidad regional.

Es por tanto urgente que en esta época de procesos de regionalización y tratados multilaterales, América Latina debe implementar una legislación implacable, de cobertura internacional cuando se trate de casos de aprehender a ex funcionarios vinculados con la corrupción y evitar que se escuden en terceros países, protegidos por las redes de la corrupción internacional, que sin duda alguna, posee un peligroso poder.

Es importante detectar algunos ejemplos categóricos en donde se fomenta la corrupción: 1. Cuando un presidente llega al poder apoyado por capitales que le exigirán a cambio, beneficios particulares y prácticas desleales. 2. Cuando un presidente nombra a un “amigo o conocido” para ejecutar por recomendación un puesto público sin tener la capacidad técnica y moral para ejercelo. 3. Cuando se realizan compras públicas sin licitación o licitaciones viciadas. 4. Cuando se “sobrefactura” lo comprado (indicar cantidades mayores de lo realmente recibido). 5. Devengar un salario sin trabajar o sabiendo que la calidad laboral es pobre en relación a los requerimientos establecidos para dicha función. 6. Permitir o participar en lavado de dinero. 7. Utilizar los recursos públicos para favorecer un candidato que prometa la continuidad en el poder. 8. Utilizar los recursos publicitarios del Estado como recurso de presión o chantaje en contra de los medios de comunicación para evitar la denuncia pública de la corrupción.

Por lo anteriormente citado, es importante que la corrucpión sea tratada como un mal internacional, con vinculaciones interestatales, lo que obliga entonces a la constitución de convenios, tratados y prácticas globales que no permitan los muros de impunidad que aún subsisten en América Latina. Es necesaria una lucha frontal contra ese flagelo nefasto que como se expresó en la Tercera Cumbre de las Américas, afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra los intereses y necesidades de los sectores mayoritarios y más vulnerables del continente. Hay conciencia en torno a ello, hay voluntad política como lo ejemplificaron las actuales instituciones de Costa Rica. A partir de ahora la lucha contra la corrupción deberá ser prioridad en las agendas de los gobiernos verdaderamente democráticos. No hay pretexto para permitirla.

_________
*Doctor en Sociología Política por la UPSA, Espana.
http://www.geocities.com/manuelvillacorta/doctor.html